Una de las sesiones de Town Hall del Congreso Mundial de CGLU del 13 de octubre estuvo dedicada a los bienes comunes, más precisamente a la importancia de crear condiciones para proteger y fomentar los bienes comunes. Los bienes comunes se definen como bienes materiales e inmateriales, recursos, servicios y prácticas sociales que se consideran fundamentales para la reproducción de la vida.
Por lo tanto, los bienes comunes no pueden mercantilizarse, sino que deben cuidarse y administrarse de manera colectiva, bajo principios democráticos de participación directa, inclusión radical, equidad y justicia interseccional dentro de un continuo de administración y compromiso, teniendo en cuenta el pasado, el presente y las generaciones futuras y todas las maneras de vida.
Si bien la relevancia de los bienes comunes se ha fundamentado a través de estrategias que plantean el bienestar colectivo y el cuidado de los bienes y prácticas naturales y sociales como parte de un contrato social renovado, el interés en los bienes comunes todavía está surgiendo. Las discusiones sobre parques comunitarios y espacios públicos, infraestructura, acceso a servicios básicos y vivienda asequible, movimientos sociales urbanos y el llamado a gobiernos locales para un enfoque progresivo se han planteado para contrarrestar los efectos secundarios dañinos de la gentrificación y la privatización, entre otros desafíos que enfrentan las ciudades y sus habitantes.
El documento político “Global Commons”, que se convirtió en la base del discurso, sugiere un marco centrado en el derecho a la ciudad como principio impulsor de las iniciativas transformadoras de “bienes comunes”, (es decir, iniciativas destinadas a fomentar y mejorar la calidad de los bienes comunes). La estrecha conexión entre el derecho a la ciudad y los bienes comunes se refleja en tres facetas: (1) bienes comunes en la ciudad; (2) la ciudad como bien común; y (3) bienes comunes como una herramienta para implementar el derecho a la ciudad.
Los gobiernos locales y regionales tienen un papel crucial en la protección, el fortalecimiento y la multiplicación de los bienes comunes y las ciudades se enfrentan a muchos desafíos, incluidas las transformaciones morfológicas, demográficas y de gobernanza, que requieren estrategias y enfoques originales. Para implementar las recomendaciones, es necesario asegurar los derechos y los recursos imprescindibles, y basarse en enfoques abiertos y participativos. En este sentido, los procesos de comunalización pueden implementarse como estrategias para potenciar la acción colectiva. Los ámbitos locales y regionales pueden convertirse en espacios para una gestión colectiva de los bienes comunes a través de alianzas público-comunitarias. La colaboración fortalecida con la sociedad civil bajo esquemas de gestión colectiva puede permitir que los gobiernos locales y regionales actúen de manera más efectiva y respondan a los crecientes desafíos urbanos y aborden las necesidades de las comunidades.
Como resultado de la sesión, surgieron varias recomendaciones de acciones estratégicas que apoyan las iniciativas comunes existentes y crean un ambiente positivo para nuevas iniciativas. Las recomendaciones para acciones inmediatas incluyen: la apertura de consultas y el compromiso participativo de los electores; la identificación de vacíos y de posibilidades dentro del marco regulatorio y sugerir modificaciones y mejoras necesarias para fomentar y proteger los bienes comunes; y, establecer canales de comunicación bidireccionales permanentes entre las autoridades públicas y los actores comunitarios. También se identificaron otras recomendaciones relacionadas con innovaciones normativas de diseño participativo y mecanismos de colaboración y control social; y aprendizaje sostenido entre pares así como el desarrollo de capacidades.