Sophia Torres: Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad
Sophia Torres es miembro de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad y los equipos de la secretaría general de la Coalición Hábitat Internacional, y trabaja en temas relacionados con la incidencia global. Sophia tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales de la PUC-SP y una maestría en Políticas Urbanas de Sciences Po. París. Está especializada en políticas públicas urbanas con un enfoque en el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad, principalmente en el contexto latinoamericano.
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¿Cuál es su opinión sobre el proceso de Cabildos Públicos y su funcionamiento hasta el momento?
Tuvimos la suerte de haber formado parte del primer proceso de Cabildos Públicos en 2019 y de continuar en la segunda parte aquí, en Daejeon. Veo que se ha progresado mediante la ampliación del propio proceso. Creo que la experiencia de Durban fue realmente buena, pero estamos contentos de que se haya ampliado de una manera más ambiciosa. En Durban, nos sumamos al proceso con algunos mensajes clave en forma de documentos de política y tuvimos un Cabildo Público; esta vez, fue completamente diferente. Tuvimos un proceso de diez meses de discusiones y debates que no fueron únicamente entre nuestras organizaciones, como fue el caso en Durban, sino con muchas otras. Los intercambios y alianzas entre organizaciones de nuestro Cabildo Público con otras organizaciones de otros Cabildos Públicos han sido muy poderosos, así que estoy muy contenta con ello.
El compromiso formal para que este sea un proceso más capacitado y participativo es otra lección. Uno de nuestros mensajes clave es “pasar de la participación a la cogestión” y de la forma en que se está haciendo el Cabildo Público poco a poco vamos avanzando hacia esa dirección. La prueba de ello será lo que vendrá después. Estamos muy contentos con lo que presentamos y las ideas construidas colectivamente.
Todavía estamos viendo cómo se alinea con la visión del Pacto para el Futuro. Estamos convencidos de que es compatible, pero lo que importa es que todo el ecosistema de CGLU adopte estas ideas y las ponga en práctica. El terreno se ha establecido, estamos emocionados y hay mucho por hacer.
¿Cuáles son sus principales conclusiones sobre el Congreso?
La primera reflexión surgida del debate antes del congreso fue la discusión sobre los bienes comunes globales y locales, o si deberíamos encontrar un término medio para que coexistan. Lo que desarrollamos en nuestro Cabildo Público es una visión muy localizada de los bienes comunes; no solo como bienes comunes, sino el comunalismo como un proceso con el objetivo de garantizar el derecho a la ciudad para todos a través de la cogestión de los recursos y los bienes comunes entre la sociedad civil y los gobiernos locales. Eso, en sí mismo, es un ejercicio que cambia la forma en que se toman las decisiones y que restablece la confianza.
La segunda conclusión es que este proceso de comunalización o gestión conjunta no es solo de participación, sino que es un paso definitivo en la idea de un contrato social renovado. Nuestra posición es que no hay un nuevo contrato social sin personas, gobierno y planeta; pero que para que el vínculo entre ciudadanía y gobierno funcione, tenemos que dar un paso adelante y pensar más allá de la representación y la participación, e ir hacia la cogestión y el trabajo conjunto. Estas son nuestras recomendaciones.
En nuestro documento, establecimos acciones concretas para que los gobiernos locales y regionales promuevan los bienes comunes y perfeccionen sus iniciativas y actúen de manera que puedan aflorar otras prácticas comunes. Esto sucede a nivel local y en la forma transformadora de cómo tomamos las decisiones y las políticas y encontramos respuestas para vivir juntos: hacer esto a nivel local coloca al colectivo de la sociedad civil y los gobiernos locales con una legitimidad renovada en la discusión de una gobernanza multilateral local renovada.
¿Cómo ve el Pacto para el Futuro?
Veo un Pacto ambicioso, pero necesario. Necesitamos tener, como colectivo, una visión común para guiar la acción a escala local y global. Lo que realmente necesitamos es que los elementos de los Cabildos Públicos estén plenamente representados en el Pacto, incluyendo recomendaciones concretas de acción.
El siguiente paso es cómo articular, cómo pasar de la visión a la acción. Creo que el Pacto establece la visión y es una visión ambiciosa. Algo que se dijo bastante en el Congreso es la idea de que CGLU constituye la “mayoría de edad del movimiento municipalista” – el Pacto es una visión de esto. Pero, especialmente después de la pandemia, está claro que la capacidad de acción y la presión por responder a las comunidades es enorme, por lo que la visión debe coincidir con la responsabilidad que tienen con las comunidades.
El Pacto establece una visión clara y diversa. Ahora necesitamos ver cómo CGLU puede articular esta visión de múltiples maneras en acción. ¿Cómo puede la escala local actuar globalmente con la acción directa de los gobiernos locales y regionales, y cómo hacerlo como grupo y con la sociedad civil?
Esta es mi conclusión principal del congreso: ha habido aprendizaje y hay capacidad para la acción y la creencia de que podemos actuar juntos. Las piezas están ahí, y solo falta articular esta acción.
¿Cuáles son los próximos pasos para su organización?
Nuestra organización está y estará siempre comprometida con el cumplimiento y el reconocimiento del derecho a la ciudad. Esperamos seguir construyendo esto con CGLU y con los gobiernos locales y regionales como socios clave a nivel local, pero también uniéndonos para un pleno reconocimiento del derecho a la ciudad con el apoyo del sistema multilateral, dentro de la ONU y las organizaciones de derechos humanos, por ejemplo.
Seguiremos trabajando y haciéndolo aún más con los gobiernos locales para crear políticas alineadas con el derecho a la ciudad a nivel local y cerrar la brecha entre los compromisos y discusiones globales, influenciarlos y llevarlos de regreso al nivel local, de ida y vuelta. Esta será la continuación de nuestro trabajo. Queremos establecer una agenda de políticas municipales para el derecho a la ciudad. Lo presentamos en una sesión durante el congreso.
Por otro lado, estamos muy emocionados de continuar la colaboración con CGLU y los gobiernos locales para reconocer y fomentar los bienes comunes como una estrategia para avanzar en el derecho a la ciudad. La discusión en el Cabildo Público fue muy buena y vemos que los gobiernos entienden lo que es en la comunalización. Pero todavía debemos trabajar más en cómo hacer realidad e implementar prácticas para bienes comunes. Muchas ciudades están liderando el camino, pero necesitamos tener más intercambios sostenidos y aprendizajes entre pares y utilizar las capacidades que tenemos para apoyar a esos actores a avanzar en la implementación de las recomendaciones.
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Bienes Comunes Globales es el documento de política que resultó del proceso de Cabildo Público, un espacio para el diálogo entre la sociedad civil organizada internacionalmente y el liderazgo político del colectivo de los gobiernos locales y regionales. La Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad es una de las principales organizaciones que presentó las conclusiones en el Congreso Mundial y Cumbre de Líderes Mundiales de CGLU. El proceso del Cabildo Público también contó con el apoyo de la Coalición de Ciudades por los Derechos Digitales, la Fundación Sociedad Abierta, Accord, UNICEF y la FAO. El documento final está disponible aquí.