La confianza es esencial para construir sociedades saludables. Sin embargo, la confianza en las instituciones gubernamentales ha disminuido. En su discurso anual, Nuestra Agenda Común, el secretario general de las Naciones Unidas ha abogado por un nuevo contrato social del siglo XXI, donde la confianza juega un papel fundamental.
El último Town Hall del Congreso de CGLU, celebrado el viernes 14 de octubre, se centró en la reconstrucción de la confianza internacional, pilar para el éxito de una amplia gama de políticas públicas, especialmente, para abordar desafíos sociales a largo plazo como el cambio climático o el envejecimiento de la población. Las investigaciones han demostrado que la falta de confianza se está experimentando en todos los sectores de la sociedad, especialmente entre las mujeres, las personas de bajos ingresos, las personas con discapacidad, las minorías y los jóvenes. El cambio climático, la pandemia de la COVID-19 y otras crisis, junto con la desinformación y el surgimiento de líderes populistas, conducen a una mayor caída de la confianza de la población.
La desconfianza conduce a la falta de respeto por las reglas, la evasión fiscal, el rechazo a las decisiones del gobierno, la menor participación electoral y la violencia. Además, la falta de confianza conduce a la falta de solidaridad necesaria para enfrentar diversas amenazas, incluyendo los desafíos ambientales.
Uno de los principales desafíos es lograr un entendimiento, entre todos, de las responsabilidades y los derechos del gobierno local que abarca el papel de proveedor, educador, innovador, regulador y ejecutor. Para llevar a cabo estos papeles, el gobierno local debe exhibir atributos fundamentales, que incluyen la humanidad, la transparencia, la capacidad y la confianza.
El segundo desafío es lograr un entendimiento sobre las responsabilidades y los derechos de los ciudadanos, por ejemplo, el derecho a utilizar los derechos civiles y los mecanismos de participación política de manera pacífica para garantizar que las democracias y las sociedades estén vivas; hacer uso consciente de los recursos públicos y aprovechar las oportunidades que brindan las instituciones; y hacer que sus gobiernos rindan cuentas a través de mecanismos y plataformas inclusivas, transparentes y accesibles.
En definitiva, desarrollar un nuevo contrato social y crear un entorno propicio regido por los principios de inclusión, compromiso ciudadano y subsidiariedad entre gobiernos. Las cinco principales recomendaciones para lograrlo incluyen los siguientes cinco puntos: 1. Redactar un nuevo contrato social; 2. Desarrollar un manual o código para guiar su implementación; 3. Reconocer a aquellas personas y lugares que han adoptado el nuevo contrato social; 4. Trabajar colaborativamente, establecer un proceso de investigación y evaluación para difundir y monitorear las mejores prácticas bajo el nuevo contrato social; 5. Canalizar los resultados, mediante la Global Task Force, a reuniones internacionales especialmente a la Cumbre del Futuro.En el futuro, los gobiernos locales deben compartir la implementación de las recomendaciones y también proporcionar un entorno propicio para construir el nuevo contrato social adecuado para el siglo XXI e incorporar las preocupaciones actuales y futuras.