Según las Naciones Unidas, más de 108 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a desplazarse a consecuencia de conflictos, persecuciones, violencia o violaciones de los derechos humanos. De estos, se considera que 62,5 millones son migrantes internos que buscan nuevas oportunidades en las ciudades, lo que ejerce presión sobre los servicios públicos y repercute en la cohesión social.
Como principales receptores de migración, las ciudades se encuentran en la primera línea de la atención a estas personas y son testigos de las transformaciones en el paisaje urbano y del aumento de la diversidad cultural. En consecuencia, las ciudades deben reconocer sus carencias para aprender constantemente y gestionar con eficacia el fenómeno de la migración.
En las dos últimas décadas, ha aumentado el asentamiento de inmigrantes en las afueras de las ciudades. La concentración de la migración en zonas concretas puede dar lugar a pautas insostenibles, al sobrecargar las periferias y fomentar la competencia con los residentes locales, lo que provoca graves conflictos. Además, agrava las desigualdades, pone a prueba los servicios básicos, dificulta el acceso a la vivienda y amenaza la cohesión social.
En este contexto, durante la sesión plenaria del 14 de junio de 2023 se hizo hincapié en la obligación de realizar esfuerzos colaborativos para facilitar la acogida y la integración de los migrantes, fomentando la solidaridad entre los ciudadanos para alcanzar objetivos comunes.
Ayşe Çağlar, profesora de Antropología social y cultural de la Universidad de Viena, subrayó que es fundamental comprender que las ciudades siempre han sido moldeadas por los migrantes, lo que exige un enfoque empírico para encontrar las soluciones más eficaces.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, destacó que «la mejor inversión de los gobiernos nacionales y locales es apoyar a las personas para que puedan vivir de la mejor manera en todos los países». Expuso los programas que Bogotá ha puesto en marcha para integrar a los migrantes y mencionó la cooperación entre la ciudad y el gobierno nacional. Bogotá ha acogido a más de 625.000 migrantes procedentes de Venezuela, considerados «los nuevos bogotanos», que no habrían tenido cabida sin las políticas nacionales.
El alcalde de Bamako, Adama Sangaré, insistió en la necesidad de colaborar: «Ninguna ciudad puede controlar por sí sola la migración. Tenemos que trabajar juntos tácticamente, más allá de la teoría». Destacó los retos a los que se enfrenta su ciudad a consecuencia de la migración originada por el terrorismo y los conflictos armados, con comunidades rurales que se trasladan a las zonas urbanas.
La segunda parte de la sesión profundizó en el modo en que la diversidad moldea las ciudades y exploró las estrategias que los gobiernos locales pueden utilizar para transformar los retos sociales, culturales y económicos en oportunidades. Eric Corijn, profesor de la Universidad de Bruselas, subrayó que la migración no es solo una cuestión urbana, sino nacional. No integrar la migración puede resultar problemático para el Estado.
La alcaldesa de Rennes, Nathalie Appéré, hizo hincapié en la relación histórica con la migración e insistió en la importancia de ofrecer buenas condiciones de acogida. Destacó la necesidad de eliminar los campamentos, asegurar la preservación de los derechos y garantizar el acceso a la educación para valorar realmente la diversidad.
Thembi Nkadimeng, ministra sudafricana de Gobernanza Cooperativa y Asuntos Tradicionales, recalcó la importancia de la legislación para fomentar la cohesión social. Los sistemas y procesos deben ser integradores para permitir la productividad y la mejora de la calidad de vida de todas las personas.
En la sesión se puso de relieve la compleja naturaleza de la migración y se acentuó la importancia de los enfoques integrales y colaborativos para abordar los retos y las oportunidades que presenta.