Hacer frente al contexto de crisis
El año pasado, 2022, ha sido complejo en muchos sentidos. Aunque la pandemia de la COVID-19, que había dominado la agenda internacional durante más de dos años, parecía haber remitido, han aparecido nuevos retos.
La pandemia ha puesto de manifiesto muchos puntos débiles de nuestros sistemas; la necesidad de cambio es la lección aprendida más evidente. Volver a lo de siempre ya no es posible. Para muchas personas ha supuesto una llamada de atención, la señal de que es necesario revisar el insostenible modelo de desarrollo. Además, la guerra que domina la región europea ha tenido un impacto global. Ha provocado una crisis alimentaria en el Sur Global y una crisis energética, que se suman a los desafíos que ya plantea el cambio climático.
Para las ciudades, que albergan a más del 50 % de la población mundial, 2022 no ha sido diferente. Entre los desafíos continuados, las ciudades deben responder a demandas como la vivienda asequible, la adaptación al cambio climático, la accesibilidad de la movilidad y la equidad.
Son incuestionables y alarmantes las evidencias del impacto del cambio climático y el aumento del número y la frecuencia de los desastres en muchas regiones, entre ellas los países del Sudeste Asiático, por estar situados en una de las zonas del mundo más propensas a sufrir catástrofes. Además, muchas regiones que no habían estado tan expuestas a los efectos del cambio climático también han experimentado en los últimos años un aumento de los fenómenos relacionados con el clima. Incendios forestales sin precedentes han arrasado Europa y Norteamérica y han obligado a muchos residentes a abandonar sus hogares. Las olas de calor y la sequía que azotan Europa han provocado muertes y han forzado a los gobiernos locales a adoptar más medidas e invertir en resiliencia urbana.
Para hacer frente a las olas de calor extremo, el Adrienne Arsht Rockefeller Foundation Resilience Center ha puesto en marcha la Alianza para la Resiliencia al Calor Extremo (EHRA, por sus siglas en inglés) y la iniciativa City Champions for Heat Action (CCHA). El objetivo es reunir a los líderes electos de las principales ciudades y municipios de todo el mundo para reducir los efectos del calor sobre la salud de sus ciudadanos. En el marco de esta iniciativa y con el apoyo de otros socios, siete ciudades de todo el mundo han creado el cargo de director general de Calor (CHO, por sus siglas en inglés). Miami fue la primera ciudad en nombrar a un CHO, en junio de 2021. Las otras seis son Atenas (Grecia), Monterrey (México), Los Ángeles (Estados Unidos), Freetown (Sierra Leona), Santiago (Chile) y Melbourne (Australia). Los directores generales de Calor han empezado a tomar medidas como realizar evaluaciones de vulnerabilidad, utilizar soluciones basadas en la naturaleza para combatir el calor, instalar pavimento y tejados frescos, etc. Es probable que el grupo se amplíe y se nombre a un CHO en la India.
La invasión rusa de Ucrania ha desencadenado muchos retos complejos, como las crisis humanitaria, alimentaria y energética. La crisis energética de 2022 podría convertirse en un punto de inflexión para el sector, si da lugar a cambios duraderos y a una transición más rápida hacia sistemas energéticos más sostenibles y ecológicos. Sin embargo, la crisis energética ha agravado aún más las desigualdades existentes, ya que el aumento de los precios de la energía afecta de forma desproporcionada a las familias de ingresos bajos que viven en hogares menos eficientes energéticamente. Para hacer frente a este reto, muchos gobiernos locales han desarrollado estrategias que permiten el ahorro de energía, como utilizar menos farolas y adornos en las calles o instar a los ciudadanos a que reduzcan un grado la calefacción de sus hogares. En Viena, el gobierno local solicitó que los restaurantes y comercios limitaran la temperatura a 18 ºC y a que se redujeran casi a la mitad las horas que están iluminados los mercados navideños. El gobierno municipal también creó el Vienna Energy Bonus’22, un plan de ayuda para contrarrestar el aumento de los costes energéticos en los hogares necesitados.
Aunque se ha consolidado una tendencia hacia energías más limpias y sostenibles, se necesitan políticas más sólidas y más inversiones en energías limpias, así como un consenso entre los políticos para alcanzar los objetivos climáticos del Acuerdo de París. Los gobiernos locales también pueden contribuir al cambio mejorando las medidas a corto plazo y desarrollando un plan energético más sostenible para sus ciudades.
Otra consecuencia de la invasión de Ucrania ha sido la crisis alimentaria. Los precios de los alimentos, que ya estaban subiendo en 2021, siguieron creciendo en 2022. Los precios interanuales subieron un 20 % en febrero de 2022 y otro 40 % en marzo, según informó la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Desde 2019, el número de personas que se enfrentan a la inseguridad alimentaria aguda se ha disparado de 135 millones a 345 millones. La pérdida de cosechas a causa de los fenómenos climáticos también ha contribuido a agravar la crisis.
Los países de África oriental ya estaban experimentando fallos en su sistema agrícola, y la sequía y la hambruna no han hecho sino agravar el impacto. En muchos países, las subidas de precios han provocado disturbios, como en Albania, Indonesia, Irán, Irak, Kenia, Perú, Sri Lanka y Sudán, por ejemplo. Al mismo tiempo, los Estados Unidos ha sufrido problemas en el suministro de alimentos, incluida una grave escasez de preparados para lactantes. La crisis alimentaria ha puesto de manifiesto la necesidad de aumentar la seguridad alimentaria y la resiliencia. Las ciudades deben prepararse para los choques climáticos y otras crisis que afecten al suministro de alimentos. Pueden cambiar el funcionamiento de los sistemas alimentarios gestionando mejor las compras, el transporte y los residuos. Además, las ciudades pueden apoyar la producción local de alimentos a través del proceso de provisión de suelo. Estas medidas contribuyen a reducir la huella de carbono y garantizan un acceso más equitativo a los alimentos.
La pandemia de la COVID-19 también ha puesto de manifiesto la necesidad de un sistema sanitario mejor y más resiliente, así como el impacto de la economía formal e informal de los cuidados. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cada día se dedican 16.400 millones de horas al trabajo de cuidados no remunerado. Esto equivale a unos once billones de dólares, es decir, el 9 % del PIB mundial o dos veces más que el PIB del sector agrícola mundial. La economía de los cuidados incluye todas las actividades realizadas en el hogar, como las tareas domésticas, la compra o el cuidado de niños y ancianos. Esto varía de un país a otro. Por ejemplo, en lugares donde se dispone de cuidados formales, el acceso puede estar limitado por los altos costes; en muchas zonas, el cuidado de niños y ancianos a menudo no está disponible o se realiza de manera informal. Los datos demuestran que el trabajo de cuidados recae de forma desproporcionada sobre las mujeres y las niñas. También lo llevan a cabo trabajadoras domésticas que a menudo son mujeres migrantes, que ven restringidos sus derechos y que pueden ser explotadas. La economía de los cuidados se caracteriza por salarios bajos, incluso la no remuneración, y la percepción de que se trata de un trabajo menos productivo y valioso.
Este problema es especialmente grave en el Sur Global, donde muchas mujeres de base son el núcleo de la sociedad en tanto que trabajadoras que obtienen ingresos y, al mismo tiempo, cuidadoras. La pandemia ha exacerbado las luchas que libran las comunidades urbanas pobres.
Organizaciones de base como la Comisión Huairou y Slum Dwellers International estuvieron a la vanguardia de la respuesta comunitaria a la pandemia de la COVID-19. El papel central de las organizaciones de base en las estrategias y políticas de recuperación sensibles al género será fundamental para acelerar un desarrollo equitativo y sostenible. Las alianzas entre organizaciones de base dirigidas por mujeres, gobiernos locales, instituciones financieras y otros actores de la sociedad civil tienen la capacidad de desbloquear recursos financieros, técnicos y políticos flexibles que son esenciales para ampliar y acelerar la aplicación local de las políticas nacionales. A través de alianzas que toman formas diversas, se han impulsado los recursos a nivel local y se han abierto vías para un acceso más inclusivo a la toma de decisiones públicas, especialmente para las mujeres pobres.
La Alianza Global por los Cuidados (GAC, por sus siglas en inglés), un compromiso colectivo del Foro Generación Igualdad, instó a los gobiernos y a todas las partes interesadas a declarar 2023 un año trascendental para la economía de los cuidados. El enfoque más integrador del complejo escenario de recuperación pos-COVID ha dado más relevancia que nunca a los debates globales centrados en las personas, como la cobertura sanitaria universal o el trabajo de cuidados no remunerado.
Los gobiernos locales y regionales también están haciendo frente al empeoramiento de la situación económica, incluyendo la inflación y el riesgo de una recesión mundial. El PNUD advirtió de que, a consecuencia de las crisis mundiales en cascada, 54 economías en desarrollo necesitan un alivio urgente de la deuda, que es de una gran magnitud. Estos países representan el 18 % de la población mundial, incluyendo a 28 de los 50 estados más vulnerables al cambio climático. La financiación de la cooperación internacional también ha disminuido.
La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, hizo un llamamiento a la reforma financiera de la arquitectura financiera mundial con la publicación de la Agenda de Bridgetown, en septiembre de 2022. Esta Agenda establece tres pasos principales. El primero es proporcionar liquidez de forma inmediata para detener la crisis de la deuda, presionando al Fondo Monetario Internacional para que suspenda temporalmente los recargos a los intereses o restituya las condiciones de crédito rápido y financiación incondicional previas a la crisis. El segundo es ampliar en un billón de dólares los préstamos multilaterales a los gobiernos. Y el tercero, activar el ahorro del sector privado para la mitigación del cambio climático y financiar la reconstrucción tras un desastre climático mediante nuevos mecanismos multilaterales.
La ciudadanía de Somalia, Etiopía, Afganistán, la República Democrática del Congo, el Yemen, Siria, Sudán del Sur, Burkina Faso y Ucrania es la más vulnerable a la agudización de la pobreza, debido a los continuos conflictos en esos países o a los desastres relacionados con el clima. En la Lista de Alertas de Emergencia 2023, publicada por el Comité Internacional de Rescate, se pone el foco de atención en veinte países (más de la mitad se encuentran en África) que corren un riesgo mayor de sufrir nuevas emergencias humanitarias o de que estas empeoren. Los países de la lista representan el 13 % de la población mundial, el 90 % de las personas con necesidades humanitarias y el 81 % de las personas desplazadas por la fuerza. Entre los desplazados, las mujeres, las niñas y las comunidades LGBTIQ+ suelen ser las más afectadas.
Los gobiernos locales y regionales son los más activos a la hora de aplicar soluciones concretas para hacer frente al impacto de la policrisis y proteger a sus ciudadanos: desde hacer frente al aumento de personas desplazadas por la fuerza que llegan a pueblos y ciudades hasta gestionar a diario la prestación de servicios públicos locales, incluso en situaciones de emergencia.
Una localización de la sostenibilidad democrática, inclusiva y bien financiada, que se base en una colaboración eficaz, multirregional, multigeneracional y transformadora entre todos los niveles de gobierno, las asociaciones público-privadas y la sociedad civil, ya no es simplemente un deseo, es una obligación para el futuro de la humanidad.
